Regulan la participación de las autoridades estatales y municipales, así como de los sectores privado y social, en la planeación y programación hidráulica y la administración, manejo y conservación del agua, en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, así como la realización de estudios, proyectos, y obras relacionadas con los recursos hídricos en el marco del desarrollo sustentable del Estado.