La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de Quintana Roo. Tiene por objeto establecer las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de los sujetos que intervengan, de manera directa o indirecta en el procedimiento penal, o bien, de los que tengan algún tipo de relación afectiva o vínculo de parentesco con la persona que interviene en aquel, a fin de garantizar su seguridad y eficaz intervención en un procedimiento penal al no ser obstaculizados o sujetos de intimidación, presión, amenaza o cualquier forma de violencia. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.