Prevenir, detectar y abatir faltas administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos municipales y particulares vinculados con faltas graves, en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como en los términos previstos por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
