Establecer las normas conforme a las cuales se regulará la actividad de la prestación de los servicios inmobiliarios en el Estado de Quintana Roo. Su aplicación compete al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Quedarán obligadas a esta Ley las actividades de promoción, intermediación, administración, gestión y consultoría inmobiliaria, que realicen las personas físicas o morales por sí mismos o sus representantes legales, sobre los bienes inmuebles de su propiedad o obre los que tengan derechos adquiridos mediante títulos de crédito o fiduciarios.